Frente Endógeno de Interacción sobre la Justicia Social: Fundamentos conceptuales y Metodológicos (página 2)

d) identificar debilidades y fortalezas en
relación al respeto, protección y
satisfacción de los derechos.

e) generar información y recomendaciones
coherentes, pertinentes y oportunas sobre la situación de
los DDHH y la justicia social.

f) identificar inequidades o discriminaciones en el
acceso a los derechos que atenten contra el principio de
universalidad.

g) identificar patrones y tendencias sobre la
situación de los derechos constitucionales con la
intención de sostener en el tiempo los resultados
positivos.

h) alertar sobre potenciales o consumadas violaciones de
los DDHH y la justicia social.

i) propiciar la participación ciudadana tanto en
la planificación, diseño, control y
evaluación de las políticas públicas como en
la vigilancia y ejercicio de sus derechos.

j) generar una visión holística que
contemple la formulación de políticas
públicas tomando en cuenta las múltiples
dimensiones del entorno (familiar, comunal, etc.) y los marcos
sociales, políticos y legales para alcanzar las metas
trazadas. Esto por supuesto amerita de la participación
activa y protagónica de los diversos actores y
organizaciones sociales.

Los procesos
participativos de monitoreo y evaluación

El contexto sociopolítico venezolano actual ha
generado un interés inédito tanto por los espacios
locales y micro-locales como por la participación
ciudadana. Esta nueva concepción de lo político que
concibe la esfera de lo público más allá de
lo estrictamente estatal ha tenido importantes repercusiones en
los ciclos de formación de políticas
públicas, otorgando un rol protagónico a las
comunidades como sujetos activos en su propio proceso de
desarrollo. Tanto el monitoreo como la Interacción y
evaluación participativa, hacen hincapié en el
aprendizaje individual y colectivo, generando conciencia de las
fortalezas y debilidades propias de cada comunidad, así
como de la forma a través de la cual sea posible
transformar su propia realidad, propiciando el cambio hacia la
consolidación del bienestar social y la Justicia
comunitaria. Es por tanto un proceso flexible y equitativo que se
encuentra en permanente adaptación y evolución, en
especial, porque la participación permite propiciar el
consenso mediante la negociación entre las distintas
necesidades, expectativas e intereses de los
ciudadanos/as.

Algunas de las ventajas que proporciona la
participación ciudadana en el monitoreo la
Interacción y evaluación de las acciones estatales
en materia de DDHH son las siguientes:

a) garantiza que los hallazgos del monitoreo la
Interacción y evaluación guarden relación
con las condiciones locales, tanto contextuales como coyunturales
y estructurales.

b) crea en las comunidades un sentido de propiedad y
corresponsabilidad respecto de los resultados del seguimiento y
la evaluación, con lo que promueve su uso para mejorar el
proceso de toma de decisiones y la participación social
efectiva.

c) contribuye al mejoramiento de la comunicación
y la colaboración entre los/las legisladores/as, los
Organismos del Estado y las comunidades organizadas.

d) fortalece la rendición de cuentas mediante la
contraloría social. (Proyecto de Ley de contraloría
Social)

e) promueve una asignación más eficiente
de los recursos a las comunidades organizadas.

El proceso de
operacionalización de conceptos

En el marco de la investigación social es posible
el trabajo con fenómenos o variables complejas que por su
importancia analítica y práctica requieran de
expresiones a través de la observación
empírica no siempre visibles o tangibles desde su
definición nominal. Carlos Sabino (2002) define la
operacionalización como "…el proceso que sufre una
variable (o un concepto en general) de modo tal que a ella se le
encuentran los correlatos empíricos que permiten evaluar
su comportamiento efectivo". Los "correlatos empíricos"
corresponden a los indicadores. En tal sentido, la
operacionalización consiste en obtener "expresiones
concretas, prácticas, medibles" de los conceptos o
variables.

1. Representación literaria del concepto:
la cual constituye el nombre o imagen que se tiene del concepto
(etimológica y epistemológicamente) desde una
perspectiva hermenéutica, o su simple enunciación.
También se le conoce como definición nominal porque
sólo le da nombre a la variable en estudio (ejemplo:
"derecho a la vivienda adecuada"), entre otros que pueden
adaptarse según la necesidad del proyecto.

2. Especificación del concepto: por la
complejidad del concepto es necesario desagregarlo en
componentes, aspectos o dimensiones simples permitiendo de ese
modo una conceptualización más precisa.
También se le denomina definición teórica o
real porque permite clarificar los aspectos a conocer (ejemplo:
componente normativo del derecho a la vivienda adecuada:
"seguridad jurídica");

3. Elaboración de indicadores: a partir de
estas es posible obtener referentes empíricos de
fácil medición y que se correspondan con los
propósitos de la investigación (ejemplo:
número de personas que carecen de protección
jurídica contra la expulsión
arbitraria).

4. Formación de índices
(sintéticos o globales): los cuales sintetizan en un
solo valor el conjunto de indicadores que componen el concepto
complejo. El objetivo de los índices es simplificar la
cantidad de información necesaria para mostrar y evaluar
un concepto determinado (Tabulación), lo que fundamenta la
información recabada.

Dada la naturaleza de los datos procesados y la
información generada por un (FREEINJUSS) de derechos,
"el marco metodológico" se plantea hasta el punto
3, omitiendo la construcción de índices ya que
pudiera variar según las necesidades. Por otro lado, cabe
destacar que un concepto complejo puede tener un número
amplio e indeterminado de dimensiones y debido a que en muchos
casos es imposible trabajar con todas es evidente que, como
ocurre comúnmente en la investigación social, se
tiene sólo una visión parcial del fenómeno,
es entonces una aproximación al plano empírico que
permite acoplarlo con el plano teórico, transformando
esquemas conceptuales y teorías en indicadores operativos
y observables para su posterior análisis.

La complejidad que implica monitorear el cumplimiento (y
satisfacción) de los derechos sociales (a la salud, a la
educación, a la vivienda adecuada, etc.) viene dada por la
imposibilidad de encontrar en la realidad social referentes
empíricos sencillos y claros que den cuenta de la
situación de los derechos y la justicia social en el
país. En resumen, el cumplimiento de los derechos
constitucionales es un fenómeno complejo no medible
directamente. Es por tanto necesario trascender la
definición nominal de los derechos por definiciones
teóricas estructuradas a partir de los componentes
normativos como dimensiones del derecho que impulsan "La Suprema
Felicidad Social". (ver diagrama 3).

Diagrama 3. La operacionalización
de conceptos o variables. Fuente: Elaboración
propia.

Ese análisis coyuntural-conceptual se encuentra
adelantado en la primera parte de este documento. Un siguiente
paso, lo constituye el análisis coyuntural-operativo donde
sea posible establecer, a partir de los componentes normativos y
las obligaciones estatales en relación a cada derecho, los
indicadores que permitan monitorear y evaluar el cumplimiento de
los derechos constitucionales (ver diagrama 4).

Diagrama 4. Pasos para la
construcción de un indicador de derechos. Fuente:
Elaboración propia.

Indicadores de
derechos

El monitoreo y la evaluación de los derechos
sociales requiere de un marco de referencia que se obtiene a
partir de tres elementos fundamentales que permiten determinar
claramente las necesidades de medición mediante la
aplicación de indicadores. Estos elementos se pueden
definir como los siguientes:

a) la definición y características del
derecho a partir de las fuentes de derecho tanto a nivel Local,
Nacional como Internacional.

b) la definición de las políticas
públicas bajo los lineamientos estratégicos del
Gobierno Nacional.

c) las obligaciones del Estado que derivan de los
distintos componentes normativos de cada derecho
constitucional.

Tanto las obligaciones como los componentes antes
mencionados conjuntamente con la matriz de indicadores que se
construyan y/o seleccionen constituyen los tres productos
básicos para la realización de los procesos de
evaluación y monitoreo. No obstante, previamente es
necesario definir los instrumentos de medición así
como sus objetivos y su metodología de empleo a fin de
corresponder con las características y la estructura del
conjunto de indicadores construidos y/o seleccionados.

Diagrama 5. Productos-base para
los procesos de evaluación y monitoreo. Fuente:
elaboración propia.

En definitiva, es primordial avanzar hacia la
construcción de un enfoque práctico de indicadores
de derechos como derivación explicita de la CRBV con el
objeto de vigilar el cumplimiento de los derechos sobre la base
de equidad y la no discriminación, permitiendo garantizar
la aplicación de medidas adecuadas para velar por la
presencia de los principios fundamentales de los derechos
(incluidos la progresividad y la
participación).

Un indicador puede ser definido como un referente
empírico, concreto, tangible, cuya presencia en la
realidad nos revela la existencia de la dimensión de la
cual se desprende y, por ende, de la variable o concepto en
estudio. Los indicadores son los aspectos más concretos
que definen una dimensión.

Es importante distinguir un indicador de derechos de
cualquier otro. Los indicadores de derechos se caracterizan por
los siguientes elementos: por un lado, derivan
explícitamente de normas concretas de un derecho humano en
particular; y por el otro, su utilidad radica en la posibilidad
de vigilar los derechos a fin de exigir la rendición de
cuentas de los responsables (ONU, 2003). De tal modo que los
indicadores de derechos tienen como función traducir las
normas jurídicas y los componentes normativos de los
derechos en referentes de carácter operativo que permitan
evaluar su cumplimiento.

Los indicadores, por tanto, son instrumentos
analíticos que permiten una mejor comprensión de
los derechos y la supervisión de su realización
progresiva ajustando las obligaciones estatales a los adelantos
que se registren a partir de la definición de metas o
bases de referencia. No obstante, la calidad de los indicadores
depende del instrumento de medición o en todo caso de la
fuente de la cual provienen los datos empleados para su
construcción. Por esto es fundamental analizarlos con los
habitantes de la comunidad.

Tan importante como la calidad de los datos es la
validez y la fiabilidad de los indicadores, por lo que "un
indicador será válido cuando exista consonancia
entre la definición operativa y el concepto que pretende
medir, esto es, en la medida que mida realmente lo que
pretendía medir; y, será fiable siempre y cuando
exprese fehacientemente la estabilidad o consistencia de una
definición operativa".

La validez del indicador debe ser tanto teórica
como empírica: "la validez teórica, o validez de
contenido es su dependencia respecto a la definición
teórica inicial del concepto". En cuanto a la validez
empírica se requieren dos fases: una fase de
contrastación con el fenómeno que quiere
representar; y una fase de ajuste, la cual "…nos advierte
que los conceptos, y los fenómenos, también deben
ir ajustándose a través de las dimensiones y de los
indicadores seleccionados para medir el concepto en
cuestión".

Además de la validez y la confiabilidad de los
indicadores de derechos, es importante que los mismos garanticen
la generación de información útil, coherente
y oportuna. Los "mejores" (o más adecuados) indicadores
son aquellos que:

a) son pertinentes al monitoreo y la evaluación
de los derechos en tanto se derivan de las obligaciones estatales
y ponen en evidencia las eventuales diferencias entre las
desagregaciones geográficas (o territoriales),
etéreas (de edad), étnicas, de género, de
origen socioeconómico, etc.

b) se ajustan a las normativas legales (locales,
nacionales e internacionales)

c) son fáciles de obtener y de
interpretar.

d) permiten seguir los cambios (progresos, retrocesos o
estancamientos) que se producen en el tiempo, según se
sucedan las coyunturas o fenómenos sociales.

Tipos de
indicadores de derechos

No existe hasta el momento una clasificación
única que agrupe a los indicadores de derechos. De la
variedad de propuestas de clasificación de los indicadores
sociales que pueden ser utilizados para medir el cumplimiento de
las obligaciones estatales en materia de DDHH, se presentan a
continuación tres de las más utilizadas.

Paul Hunt -Relator Especial de la Comisión de
DDHH (de la ONU), en un intento por agrupar los indicadores en
categorías simples, propone una unificación
terminológica que genere claridad y favorezca el progreso
del debate sobre el tema. La iniciativa contiene tres
categorías tentativas, a saber:

1. Indicadores estructurales: siendo los
más simples usualmente se presentan en forma de preguntas
que ameritan de una respuesta sencilla (afirmativa o negativa).
Estos indicadores no requieren de una base de referencia (metas u
objetivos) y "…constituyen un método de
evaluación rápida y de obtención
económica de información basado en un cuestionario"
(ejemplo: ¿incluye la Constitución de la
República Bolivariana de Venezuela el derecho a la
vivienda adecuada?).

2. Indicadores de procesos: son instrumentos que
"miden el grado de realización de las actividades
necesarias para alcanzar los objetivos y los progresos de esas
actividades en el transcurso del tiempo". No dan cuenta de
resultados sino que miden los esfuerzos del Estado en torno al
respeto, protección y satisfacción de los derechos
(ejemplo: gasto público real en vivienda).

3. Indicadores de evolución: a diferencia
de los anteriores estos indicadores si tienen como finalidad la
medición de las repercusiones de las políticas
públicas sobre la situación de los derechos
(ejemplo: déficit habitacional neto).

Los indicadores de procesos y de evolución suelen
ser denominados "indicadores variables" porque permiten vigilar
las dimensiones o parámetros de los derechos a
través de los cambios que se registran en el tiempo en
base a la noción de progresividad. Los "indicadores
variables" son complejos y depende de bases de referencia o metas
normalmente expresadas en porcentajes o números.
Adicionalmente, deben ser desglosados por grupos
socio-demográficos a los efectos de monitorear la
equidad.

Al momento de evaluar la situación de un derecho
en particular es posible que se identifiquen un conjunto de
elementos conexos que afecten o incidan en el cabal cumplimiento
del mismo, así por ejemplo, en el caso del derecho a la
vivienda adecuada el desempleo y la consecuente carencia de
ingresos pueden generar consecuencias importantes en la
posibilidad real y efectiva de ejercer el derecho. Estos
elementos son denominados determinantes y tienden a influenciar
sobre los contenidos normativos asociados a cada derecho
constitucional.

Siguiendo con la clasificación propuesta por Hunt
es posible apreciar que la misma no da cuenta de estos elementos
conexos al derecho, por tanto, es interesante conocer una
tipología diseñada desde el punto de vista de los
determinantes. Por ello, en el marco de la evaluación de
las diversas fases de las políticas públicas surge
la siguiente clasificación creada por Rob Vos (1996) con
la intención de facilitar dicho proceso:

1. Indicadores de acceso: "identifican los
determinantes que permiten hacer efectiva (y en qué grado)
la utilización de recursos para satisfacer las necesidades
básicas. Para fines de política, son relevantes ya
que la existencia de servicios básicos no garantiza el
acceso universal a éstos" (ejemplo: porcentaje de
viviendas según material predominante en el techo, piso,
paredes y su calidad para ser habitada).

2. Indicadores de insumo: "se refieren a los
medios para alcanzar cierto estándar de vida, reflejan los
recursos propios de la población y las intenciones,
compromisos y esfuerzos del gobierno para proporcionar servicios
básicos" (ejemplo: gasto público en
vivienda).

3. Indicadores de resultado: "reflejan los
niveles de satisfacción de necesidades básicas
alcanzados. Son los más adecuados para medir los niveles
de vida objetivos mínimos deseables, así como para
verificar el logro de los objetivos" (ejemplo: déficit
habitacional neto). Es importante señalar que los
determinantes y la equidad son factores inextricablemente unidos;
su compresión por lo general se alcanza de forma
simultánea. Desde el punto de vista de la equidad la
Alianza Global para el Monitoreo de la Equidad (GEGA) propone que
el cumplimiento de los derechos debe ser analizado desde las
siguientes dimensiones (GEGA, 2003):

a) resultados.

b) financiamiento y asignación de
recursos.

c) acceso a servicios y utilización de los
mismos

(El uso real de los servicios recomendados es la manera
más válida de medir el acceso)

d) calidad de los servicios; e) acceso/exposición
a determinantes subyacentes del derecho.

f) consecuencias sociales y económicas del
incumplimiento del derecho.

Así mismo, la conformación de un sistema
de Interacción y de Participación Popular tal y
como lo requiere el FREEINJUSS de Derechos Sociales, se
fundamenta en la correcta identificación de indicadores
tanto cualitativos como cuantitativos. Antes de seleccionar
indicadores para su posterior incorporación al sistema es
recomendable tomar en cuenta las siguientes sugerencias (UNFPA,
2004; González, 2005):

1. Uso de fuentes de datos y sistemas de
información existentes: los indicadores se construyen
sobre la base de información ya existente o de
fácil obtención. Sin embargo, si no se disponen de
datos primarios válidos y confiables o si simplemente no
están disponibles de forma desagregada, el FREEINJUSS debe
enfocarse en la obtención de la data no disponible a
través de metodologías eficientes para la
recolección de datos.

2. Asociaciones: es indispensable la
interacción con los actores y organizaciones comunitarias,
así como es conveniente establecer alianzas con los
organismos tanto públicos como privados que generen
información estadística en el país, en
especial las instancias productoras de datos
primarios.

3. Gestión de la información: debe
planificarse la actualización, así como el optimo y
constante funcionamiento de la base de datos que
almacenará la información obtenida y/o recabada. El
FREEINJUSS no tiene como finalidad convertirse en un simple banco
de datos, por lo cual, la información que debe fluir como
producto final serán recomendaciones que puedan incluirse
en la elaboración de Proyectos Comunitarios que satisfagan
las necesidades de los consejos comunales. De esta manera se
contribuirá con el empoderamiento de las políticas
públicas y "La Suprema Felicidad Social".

4. Apropiación: es imprescindible y
conveniente fomentar la participación ciudadana en la
selección de los indicadores que se utilizarán para
medir el cumplimiento de los derechos. Sin la
participación es imposible el consenso, la abogacía
y el empoderamiento de las comunidades. Adicionalmente, la
apropiación por parte de las comunidades del conjunto de
actividades desarrolladas por el FREEINJUSS permitirá
darle legitimidad a la Organización Comunitaria y a las
recomendaciones que de sus hallazgos se deriven.

5. Calidad más que cantidad: no se trata
de producir una gran cantidad de indicadores sino por el
contrario de contar con un conjunto simplificado que sea
suficiente para mostrar la situación de los DDHH en el
país sin que se sacrifique el monitoreo y la
evaluación en sí mismos. Es evidente que un uso
excesivo de información desmejoraría la calidad de
las investigaciones teniendo consecuencias negativas sobre los
resultados y las conclusiones.

6. Información de referencia: como el
FREEINJUSS tiene que evaluar algunos indicadores tomando como
referencia metas o bases de referencia es necesario precisar
dichos puntos antes de iniciar el monitoreo. Con la
combinación de indicadores y puntos de referencia es
posible comprender mejor la evolución de un
fenómeno en el tiempo y sus progresos en relación
al alcance de un objetivo previamente determinado.

Ventajas y
desventajas de los indicadores de derechos

Si bien el uso de indicadores no está libre de
limitaciones, hasta ahora se han convertido en la herramienta
más poderosa para emprender las tareas de
evaluación y monitoreo de derechos, siempre y cuando sean
balanceados y complementadas tanto las metodologías
cualitativas como las cuantitativas.

En tal sentido, el Programa de las Naciones Unidas para
el Desarrollo (PNUD, 2000) señala que los indicadores
estadísticos son instrumentos fundamentales para la lucha
por los DDHH, permitiendo:

a) formular mejores políticas públicas,
leyes y procedimientos así como también vigilar los
progresos realizados.

b) determinarlos los efectos no deseados de leyes,
políticas y prácticas.

c) determinar qué actores están influyendo
en la realización de los derechos
constitucionales.

d) poner de relieve si esos actores están
cumpliendo sus obligaciones y en caso de no ser así exigir
responsabilidades.

e) advertir de antemano posibles violaciones y poder
adoptar medidas preventivas.

f) fortalecer el consenso social respecto de decisiones
difíciles que deban adoptarse frente a la
limitación de recursos.

g) sacar a la luz cuestiones que han sido desatendidas o
silenciadas.

Así como las estadísticas pueden ser
útiles, pudieran ocurrir algunas situaciones desventajosas
que desde el punto de vista metodológico puede resumirse
en cuatro grandes riesgos:

a) la inconsistencia en la aplicación de una
definición operativa de la variable.

b) errores de procedimiento en la recolección de
datos.

c) errores ocasionados por los instrumentos de
recolección de datos.

d) errores ocasionados por el procedimiento de
codificación de los datos.

Consideraciones
finales

Para finalizar se presentan algunas consideraciones a
manera de desafíos que deben enfrentar los (FREEINJUSS) de
Derechos de Venezuela propuesto para su puesta en marcha. En
primer lugar, conviene señalar que en el siglo XXI la
información se ha convertido en un factor fundamental e
imprescindible para la toma de decisiones. Por otro lado, el
acceso a la información permite a las comunidades
emprender procesos que conlleven a la evaluación y el
control social de políticas públicas, planes y
programas estatales, así como, proponer soluciones
factibles, consensuadas y coherentes con la realidad nacional,
fortaleciendo el nuevo modelo de gestión pública
enmarcado en la democracia participativa, Protagónica y
deliberativa.

Desde esta perspectiva, el primer reto que, a nuestro
juicio, debe enfrentar un FREEINJUSS radica en contribuir
activamente en la Interacción y Participación que
debe existir entre la Universidad Bolivariana de Venezuela (UBV),
las organizaciones comunitarias y sus actores o líderes
natos y los Organismos Públicos e instituciones del
Estado. No sólo se trata de ofrecer a los usuarios/as la
oportunidad de acceder una base de datos en determinados momentos
y con fines específicos. Se pretende que a través
de la interacción, participación y engrane de cada
programa de formación (PFG) se facilite una herramienta a
cada comunidad para que aprenda a dar soluciones efectivas a cada
problemática que se presente dentro de su
jurisdicción y competencia.

Desde esta perspectiva se hace necesario plantear los
objetivos en tres etapas o planos estratégicos los cuales
serán:

a) Corto plazo: este paso consiste en conformar y
constituir el (FREEINJUSS) de derechos en el ámbito local,
(específicamente en la Urb. "El Milagro" parroquia
Corazón de Jesús, municipio Barinas, estado
Barinas), siendo así, este será el (FREEINJUSS)
modelo, el cual deberá demostrar la factibilidad,
viabilidad y sostenibilidad del proyecto planteado en este
documento. Mismo que representa el nivel académico
adquirido mediante el desarrollo y desempeño de nuestras
actividades como estudiantes de la UBV.

Como factor imprescindible para la
implementación, prosecución y logro del objetivo
general, es necesario calcular los costos operativos
(inversión monetaria), esta que para la primera etapa
(corto plazo) se puede calcular en base a los equipos,
materiales, y espacio físico donde se procederá a
sistematizar cada evaluación y monitoreo con sus
respectivos estudios, instrumentos de aplicación,
así como los resultados, planteamientos, recomendaciones y
observaciones que resulten procedentes de la observación
de las políticas públicas y los derechos sociales
que coexistan dentro de la comunidad.

Es imperioso acotar que en esta primera etapa el
primordial recurso será el humano; considerando que el
grupo investigador (estudiantes del X semestre PFG: EJ. UBV.
Aldea "Pio Tamayo" modalidad F/s) deberá invertir gran
cantidad de tiempo, formación académica,
análisis coyunturales cualitativos, investigación y
consulta del ordenamiento Jurídico vigente, entre otras
cualidades imprescindibles.

En cuanto a los costos operativos (inversión
monetaria), realizar cálculos precisos seria
coyunturalmente improcedente, pues los costos varían de
acuerdo a la situación económica y las diversas
medidas que rigen a este sistema. Aun así se puede
especificar una especie de lista en la que se identificaran los
materiales y equipos necesarios para obtener los resultados
planteados a corto plazo; a continuación se describen los
mismos:

Cabe señalar que los costos operativos
(inversión monetaria) pudieran obtenerse de dos formas:
cogestión (por medio de aportes solicitados a los
Organismos Públicos o institucionales del estado), o por
autogestión (por medio de aportes personales de cada
estudiante, colectas, vendimias, rifas, entre otros), las cuales
podrían gestionarse dentro de la comunidad objeto de
estudio; con la participación activa de los integrantes de
la comunidad y de sus organizaciones.

Un segundo reto, radica en la esencia misma de un
(FREEINJUSS). Nos referimos a la capacidad de incidencia sobre
las políticas públicas como garantía de
vinculación entre la información producida y las
acciones y omisiones del Estado. El trabajo de los (FREEINJUSS)
debe tener dos planos, uno de carácter técnico
(investigación y monitoreo) y otra de carácter
político (abogacía y participación).
Sólo a través de la verdadera interconexión
entre ambas dimensiones (de manera tal que se produzca un flujo
de información bidireccional) será posible el
cumplimiento de los objetivos propuestos.

Siendo indispensable dar cuenta de los avances en la
ampliación de los derechos sociales y la justicia social,
surge el siguiente desafío consistente en desarrollar una
línea de acción de un (FREEINJUSS) encaminada a
compartir experiencias y recomendaciones en torno a la
importancia de que los organismos productores de
estadísticas en el país, en especial el Instituto
Nacional de Estadística (INE) como ente rector del SEN
(Sistema Estadístico Nacional), generen información
coherente, oportuna y única a objeto de ser útiles
en los procesos de toma de decisiones de conformidad al enfoque
de derechos, la Justicia Social y a la consecución de las
metas propuestas en el Plan Estratégico de la
Nación, 2007-2013.

Esto cobra especial relevancia debido a tres elementos
fundamentales: por un lado, en muchos casos la data no se
encuentra disponible ni a tiempo ni con los niveles de
desagregación necesarios para desarrollar efectivamente el
monitoreo y la evaluación de los derechos; por otro, los
sistemas de información del Estado venezolano no
están especialmente diseñados para producir los
insumos necesarios para medir la satisfacción de los
derechos, la justicia social y los efectos de sus determinantes,
por último, el acceso a la información existente no
está disponible de manera ágil, oportuna y gratuita
para todos los ciudadanos que pudieran necesitarla en un tiempo o
coyuntura determinada.

Del mismo modo, las interpretaciones de la
información disponible pueden ser incorrectas si no se
consideran las diferencias entre mejoras asociadas a las
condiciones de vida de la población y la situación
de los DDHH. Así pues, la eventual mejora en las
condiciones de vida de una determinada población o grupo
social no implica necesariamente que exista una mejora en la
situación de los derechos sociales en general, debido a
que no existe una relación automática entre ambos
fenómenos.

Para concluir, luego de resumir a lo largo de estas
páginas los fundamentos conceptuales y
metodológicos de la propuesta de un (FREEINJUSS) que
presentamos, no queda más que proponer la
profundización del debate con todos los actores relevantes
que de alguna u otra manera se encuentren vinculados con la tarea
de elevar la calidad de vida de los/las venezolanos/as,
entendiéndola, no como un regalo o una dádiva, sino
como un derecho legítimamente consagrado en la Carta
Fundamental (Constitución de la República
Bolivariana de Venezuela) y que se traduce, por tanto, en una
obligación del Estado, como Estado social, de derecho y de
justicia, velar por su "concreción efectiva" a
través del respeto, protección y
satisfacción de las garantías
constitucionales.

Ya superados estos retos podrá plantearse la
implementación y conformación de un (FREEINJUSS) de
derechos en los todos los ámbitos (local y Nacional), lo
que resultará en la prosecución de las etapas o
planos de: mediano y largo plazo; para los cuales se
tendrá mejores ejemplos de la efectividad y factibilidad y
sostenibilidad del proyecto.

Como requisitos indispensables para constituir un
FREEINJUSS en cualquier aldea Universitaria de Misión
Sucre, Universidad Bolivariana de Venezuela (UBV), es necesaria
la interacción entre los siguientes Actores o
Participantes: (Ver diagrama Nº 6)

Diagrama 6. Requisitos para la
conformación de un (FREEINJUSS).

Para lograr el objetivo general del FREEINJUSS se
requiere el aporte de cada estudiante indiferentemente el
semestre y PFG que curse. Por lo cual se indica a
continuación la forma de interacción e intercambio
de saberes y experiencia que se obtendrán en cada frente
constituido y que se encuentre ejecutando un proyecto
comunitario. Así mismo de plasma aquí una serie de
requisitos indispensables para la incorporación de cada
frente al FREEINJUSS fundador y al ingreso y acceso de su base de
datos.

Quedando entendido que el FREEINJUSS Fundador es quien
impulsa esta propuesta y que nace de la Misión Sucre,
Universidad Bolivariana de Venezuela, Aldea "Pio Tamayo",
parroquia Corazón de Jesús, municipio Barinas,
estado Barinas; con el trabajo mancomunado y la
interacción entre la comunidad de la Urbanización
"El Milagro", los estudiantes del PFG: "Estudios
Jurídicos", X semestre, modalidad Fin de semana,
Proción "2007 I – 2012 I" y los Organismos e
Instituciones del Estado Barinas.

Requisitos Indispensables Para La
Incorporación de cada Frente:

1) Consignar copia del registro del Consejo Comunal con
el Cual Interactúa.

2) Integrar el Frente con al menos un estudiante de cada
semestre y PFG de la Aldea.

3) Manifestar formalmente (por escrito) su
intención de Integración. Avalada por acta donde
los integrantes se comprometen a la participación sin
fines de lucro. (con firmas).

4) Basar cada actuación del Frente en
concordancia con los Principios y valores Constitucionales que
rigen nuestro sistema Jurídico.

5) Nombrar al menos un (01) responsable del Frente.
Máximo (según requerimientos).

6) El Responsable Principal deberá registrar un
correo electrónico y una página de Facebook de su
frente: ejemplo (FREEINJUSS_{nombre de la aldea}y posteriormente
a su registro deberá enviar solicitud al FREEINJUSS
fundador a la siguiente dirección:
FREEINJUSS_PIO_TAMAYO@HOTMAIL.COM de igual forma para acceder a
la base de datos del FREEIJUSS fundador deberá enviar
solicitud de amistad al siguiente Facebook: FREEINJUSS PIO TAMAYO
2007 I- 2012 I

7) Quien/es sea/an responsable de Frente, debe mantener
su pagina actualizada cada semestre. Por tanto su responsabilidad
radica en subir toda información pertinente y concerniente
a su Proyecto Comunitario, clasificando el Trabajo de cada
Programa de Formación según sus obligaciones
académicas y en concordancia con los contenidos
programáticos de cada unidad curricular cursada en el
semestre.

Es importante recalcar que esta Organización no
es subordinada a ninguna otra, así mismo, ningún
frente es subordinado a otro, incluso al FREEINJUSS Fundador; por
tanto queda al libre Albedrio el ajuste, acople,
modificación y engrane de nuestros (OBJETIVOS ESPECIFICOS)
de forma, mas no de Fondo. Reservándonos el derecho de
autoría.

Esto no significa de manera alguna que pretendamos fijar
lineamientos impuestos a quienes manifiesten su intención
de conformarse como frente; sino por el contrario que queremos
asegurar la sostenibilidad Jurídico-Social de nuestra
propuesta. Por lo que solicitamos a cada frente integrante
alimentar su base de datos con sugerencia fundamentadas en
posibles omisiones u errores que como humanos imperfectos
pudiésemos cometer en la elaboración de esta
propuesta.

Sus aportes y críticas constructivas a esta
propuesta, serán de gran utilidad para quienes prosiguen
en sus actividades académicas, así como
también para quienes elaboramos este Proyecto Comunitario
con la intención de impulsar y promover la
Participación Popular y fortalecer el empoderamiento de
las comunidades organizadas con respecto a las políticas
publicas creadas para lograr "La Suprema Felicidad Social"
enmarcada en la II línea general del Proyecto Nacional
"Simón Bolívar" 2007 – 2013

Referencias
bibliográficas

1. ACNUDH (2006), Preguntas frecuentes sobre el enfoque
de Derechos Humanos en la cooperación para el desarrollo,
Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos
Humanos, Nueva York y Ginebra.

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Autor:

Donkan Fenix Davila